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joelmontoya

Lecturas interesantes

La corrupción no somos todos

La Jornada
Álvaro delgado/ apro
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=33156&cat=0

México, D.F., 11 de agosto (apro).- Junto con la pobreza y la opulencia, la corrupción es la enfermedad nacional que más atormenta a México, y una nación así no tiene más futuro que su propia degradación.

Pero la corrupción no es solamente la acción de entregar una dádiva a cambio de impunidad entre particulares, o entre éstos y miembros del poder público --como lo ilustran los inquietantes resultados del estudio difundido por el Consejo de la Comunicación--, sino también algunas conductas en el ejercicio de nuestras actividades cotidianas.

Desde que asumimos que todos los políticos de todos los partidos son corruptos, y que todos los ciudadanos somos víctimas de sus abusos, se genera un acto de deshonestidad, que conduce a la coartada para justificar nuestros propios actos de corrupción que han multiplicado expresiones tan repugnantes como “el que no transa, no avanza”.

Tal generalización se extiende a empresarios, periodistas, medios de comunicación, religiosos, académicos, y en realidad a todos los miembros de una sociedad tan diversa como la mexicana, en la que se han robustecido --paradójicamente en las que se definen como clases ilustradas-- conductas que deberían avergonzarnos como país.

Tales expresiones --“todos son iguales”, “que roben, pero salpiquen”, “no me den, sólo pónganme donde hay”, “la corrupción somos todos” y un largo etcétera-- son síntomas de esa enfermedad nacional, cuya cura exige de entrada desterrarlas del vocabulario cotidiano por inadmisibles.

Aceptarlas, así sea verbalmente, implica asumir que uno mismo es parte de la corrupción. Y eso es falso. Tan falso como negar que México está dividido fundamentalmente por la extendida pobreza de más de la mitad de la población y la concentración de capital que ha roto la capilaridad social.

Precisamente sobre la pobreza suele también asumirse que tal condición obedece a que los mexicanos del campo “son pobres porque quieren”, y quienes así piensan sonríen al ver el dibujo de un campesino sentado junto a un cacto y resguardando su pereza bajo un ancho sombrero.

Este estereotipo --que representa otra corrupción, la del lenguaje-- se cae con facilidad:

Por una parte, porque quienes así lo piensan no explican por qué no se han mudado a una mansión del Mediterráneo o a un rascacielos en Nueva York --y siguen padeciéndonos a los que aquí nos gusta vivir--, y por la otra, la avalancha de dólares que envían a diario los mexicanos que se marchan a Estados Unidos, no “en busca del sueño americano” --expresión equívoca, usada como regla en los noticiarios de Televisa--, sino para obtener precisamente lo que su país les niega.

He expuesto estos conceptos a partir de los que he escuchado sobre hechos acontecidos desde que el ciudadano Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, y más recientemente sobre la aparición del libro La familia presidencial, el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, de las jóvenes reporteras Anabel Hernández y Arelí Quintero, que he leído íntegramente.

Al silencio de la Presidencia --que sólo emitió un comunicado el lunes 1 interpretando que el libro, como otras publicaciones, forman parte de una estrategia política para desacreditar la honradez de Fox y su familia en el marco de la disputa por el poder-- siguió el desdén y aun la descalificación sin, siquiera, revisar si lo que informa está debidamente acreditado o se trata solamente de dichos de mala fe.

Contrapuesto a las generalizaciones, el libro es muy específico sobre operaciones presuntamente ilegales o irregulares en el entorno presidencial, con base sobre todo en documentos obtenidos por el empeño de ambas periodistas que conocen a los personajes descritos, inclusive antes que asumieran la condición que hoy tienen.

El silencio presidencial se ha extendido, también, a la cerrazón informativa del gobierno de Fox --que en ese caso quiere contrastarse con el de Andrés Manuel López Obrador-- sobre los recursos públicos que obtuvo para él y su equipo de transición antes de asumir formalmente la Presidencia, y que sólo por el empeño de otro periodista, Daniel Lizárraga, pudo hacerse público.

En ambos casos, como en otros, no hay generalizaciones, sino situaciones específicas fundadas en pruebas documentales y testimoniales y, en todo caso, se trata de investigaciones periodísticas sujetas al escrutinio de los involucrados o interesados que pueden proceder conforme a lo que establece la ley.

No son señalamientos gratuitos ni motivados políticamente, como erróneamente pretenden hacer creer soterradamente servidores públicos y particulares beneficiarios del erario federal. Se trata de recursos del presupuesto presuntamente usados ilegal, irregular e inmoralmente, que la sociedad tiene derecho a saber.

Pretender desviar la atención sobre estos asuntos --cuyo fin es, como decía Norberto Bobbio, “hacer público lo público”--, con la engañifa de que Fox y su entorno son honrados simplemente porque es el presidente de la alternancia, no es un signo de la democracia. En efecto, el que acusa tiene el deber de probar, pero en el libro están las pruebas.

Ahora que si la única prueba admisible es un pedazo de video o de audio filtrado, como está de moda y que ha implicado un retroceso en la actividad periodística, entonces se entra en el terreno del cinismo: señalar como traidores a los agraviados por actos de represión o de censura.

Y con esto se impone lo que es un lastre para nuestra sociedad: el problema no es el ejercicio de la corrupción, sino quienes exhiben a los corruptos.

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